La Sala definió el derecho al cuidado como un derecho fundamental autónomo con tres dimensiones: el derecho a ser cuidado, a cuidar en condiciones de corresponsabilidad y al autocuidado. Se estableció que la solidaridad del Estado es obligatoria cuando existe imposibilidad material de la familia por edad, enfermedad o falta de recursos económicos. Asimismo, precisó que las sillas de ruedas y de baño están incluidas en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) y deben ser suministradas incluso sin orden médica si la necesidad es evidente para la dignidad humana.

El fallo incorporó un enfoque de género, reconociendo que las labores de cuidado han recaído históricamente sobre las mujeres de forma invisibilizada. Además, se aclaró que no opera la cosa juzgada constitucional cuando el estado de salud del paciente empeora o su red de apoyo declina, permitiendo que nuevas circunstancias fácticas habiliten una nueva acción de tutela

Puede consultar la sentencia completa y descargarla en el siguiente enlace:

T-501-25 Derecho Fundamental al Cuidado y la Salud.pdf

La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, en sentencia T-032 de 2026 del 24 de febrero de 2026, emitió un llamado de atención al Ministerio del Trabajo por su inactividad y silencio durante el trámite de una acción de tutela. El Alto tribunal cuestionó que la entidad estatal ignorara múltiples requerimientos judiciales en un proceso que buscaba proteger la estabilidad laboral de una madre lactante despedida sin causa objetiva.

Durante el trámite, el Ministerio fue vinculado desde la primera instancia para que participara en el asunto según sus competencias, pero la entidad guardó silencio absoluto tanto en los juzgados de instancia como ante la propia Corte Constitucional.

La Sala concluyó que el Ministerio del Trabajo desconoció el deber de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia, consagrado en el artículo 95 de la Constitución Política. Enfatizó que los requerimientos judiciales tienen carácter vinculante y que la negligencia administrativa debilita la protección de sujetos vulnerables, como las mujeres en periodo de lactancia.

El fallo resalta que la participación de las autoridades del trabajo no es opcional, sino una obligación derivada de su rol como garantes de los derechos laborales.

​T-032-26 Colaboración Mintrabajo con Administración de Justicia.pdf

El Congreso de la República expidió la Ley 2570 de 2026, por medio de la cual se modifica la Ley Estatutaria 270 de 1996, se determina la integración y estructura de la Jurisdicción Agraria y Rural y se adoptan otras disposiciones, en cumplimiento de lo dispuesto en el Acto Legislativo 03 de 2023.